A comienzos de los años 2000, la educación pública se encontraba desfinanciada, desmoralizada y profundamente debilitada para proyectarse hacia el futuro de la Nación. A partir del 2003, la voluntad política de revertir esta situación puede apreciarse en un indicador contundente: la inversión estatal en el área educativa aumentó de 3,86% del PBI en ese año a 6,47% en el 2011.
En ese mismo período (2003-2011), para el sistema universitario nacional el cambio significó un incremento del presupuesto, que ascendió de 1.800 a 14.500 millones de pesos.
Simultáneamente, se impulsó la consolidación de la CONEAU como una pieza fundamental para mejorar la calidad de la educación superior. La evaluación y la acreditación universitaria se convirtieron en una política de Estado. En este sentido, el fortalecimiento de la estructura y del presupuesto de la CONEAU implicó sumar la exigencia de la calidad a la afirmación de la gratuidad, el cogobierno, la autonomía y la libertad de cátedra. Nuestro país cuenta actualmente con un sistema de estándares mínimos que garantiza la calidad de la formación académica en las instituciones universitarias estatales y privadas. Mientras el método de ranking, que se promueve en ciertos circuitos internacionales, profundiza las diferencias entre las instituciones y las carreras, de primera y de segunda calidad, el sistema de garantías que se logró establecer en la Argentina trabaja a favor de la equidad y la disminución de las diversas asimetrías que afectan la calidad institucional y académica.
